Ley de Comunicación "Ecuador"

La propuesta de varios sectores de que se archive el proyecto de Ley de Comunicación ecuatoriano no es el camino correcto a criterio del ex presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta, quien ayer dio una conferencia ante empresarios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Tras su discurso, que se centró en el papel del sector privado en el nuevo esquema constitucional, dedicó un espacio al tema de la Ley de Medios al final, cuando se efectuó un foro de preguntas y después, en una improvisada rueda de prensa.

“No creo necesario archivar la ley (…) recién vamos al primer debate a la Asamblea, allí se recogen todas las observaciones y el proyecto a la final puede ser completamente otro. Yo no empezaría por archivar sino aquellas posiciones que están frenando un verdadero debate, aquellos que no escuchan y los que, a priori, sin haber analizado a fondo, ya le tildaron a la ley de mordaza”, expresó.

Según Acosta, se requiere de una ley, pero hay que preguntarse si realmente es por cumplir con un requisito de la Constitución o por hacer realidad los derechos de libertad consagrados en ella y que son clave para todos y no exclusivamente para los comunicadores. “El derecho a la libertad de expresión no se debe confundir con la libertad de empresa de los medios, son dos cosas diferentes”, recalcó.

Añadió que se debe analizar también el acceso de cualquier persona a los medios y no solo de grupos reducidos, y se refirió a los incautados por la AGD.

“Me parece bien que el Estado tenga un canal público de alcance nacional, una radio y un periódico, pero no estoy de acuerdo en que sigan en función de un determinado gobierno”, dijo. En ese sentido, propuso que canales como TC Televisión y GamaTv se concesionen a universidades con una propuesta de comunicación desde la lógica de la investigación, la ciencia y la tecnología.

Insistió en que de seguir ese control, el Estado incurriría en prácticas de monopolio.

Dijo también oponerse a que un Consejo de Comunicación sancione a los medios, aunque sí cree necesario que lo regule un ente en el cual el Gobierno tenga solo un representante y no una mayoría. Sobre la profesionalización de quienes trabajan en el sector, afirmó que la “comunicación es más una vocación que una profesión”.

Consideró, además, que un registro de medios es complicado, por casos como los blogs, aunque planteó que en la Superintendencia de Compañías, donde ya constan datos de las empresas de comunicación, haya información transparente.

“A mí sí me gustaría saber quiénes son, por ejemplo, los accionistas de cada medio para saber a qué intereses están representando”, enfatizó.

En su charla a los empresarios, Acosta dijo que el gran reto es que exista una relación dinámica Estado-Mercado-Sociedad, en busca del buen vivir.

Mara Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara, sin embargo, señaló que el sector privado siente que está fuera de esta participación y que se limita su actividad con distintas leyes.

Contradicciones

Acosta mencionó que en varias leyes hay contradicciones con la Carta Magna. “Creo que al Gobierno la Constitución comienza a resultarle una especie de camisa de fuerza, porque no está aceptando lo que se estableció allí”.

La propuesta de varios sectores de que se archive el proyecto de Ley de Comunicación ecuatoriano no es el camino correcto a criterio del ex presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta, quien ayer dio una conferencia ante empresarios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Tras su discurso, que se centró en el papel del sector privado en el nuevo esquema constitucional, dedicó un espacio al tema de la Ley de Medios al final, cuando se efectuó un foro de preguntas y después, en una improvisada rueda de prensa.

“No creo necesario archivar la ley (…) recién vamos al primer debate a la Asamblea, allí se recogen todas las observaciones y el proyecto a la final puede ser completamente otro. Yo no empezaría por archivar sino aquellas posiciones que están frenando un verdadero debate, aquellos que no escuchan y los que, a priori, sin haber analizado a fondo, ya le tildaron a la ley de mordaza”, expresó.

Según Acosta, se requiere de una ley, pero hay que preguntarse si realmente es por cumplir con un requisito de la Constitución o por hacer realidad los derechos de libertad consagrados en ella y que son clave para todos y no exclusivamente para los comunicadores. “El derecho a la libertad de expresión no se debe confundir con la libertad de empresa de los medios, son dos cosas diferentes”, recalcó.

Añadió que se debe analizar también el acceso de cualquier persona a los medios y no solo de grupos reducidos, y se refirió a los incautados por la AGD.

“Me parece bien que el Estado tenga un canal público de alcance nacional, una radio y un periódico, pero no estoy de acuerdo en que sigan en función de un determinado gobierno”, dijo. En ese sentido, propuso que canales como TC Televisión y GamaTv se concesionen a universidades con una propuesta de comunicación desde la lógica de la investigación, la ciencia y la tecnología.

Insistió en que de seguir ese control, el Estado incurriría en prácticas de monopolio.

Dijo también oponerse a que un Consejo de Comunicación sancione a los medios, aunque sí cree necesario que lo regule un ente en el cual el Gobierno tenga solo un representante y no una mayoría. Sobre la profesionalización de quienes trabajan en el sector, afirmó que la “comunicación es más una vocación que una profesión”.

Consideró, además, que un registro de medios es complicado, por casos como los blogs, aunque planteó que en la Superintendencia de Compañías, donde ya constan datos de las empresas de comunicación, haya información transparente.

“A mí sí me gustaría saber quiénes son, por ejemplo, los accionistas de cada medio para saber a qué intereses están representando”, enfatizó.

En su charla a los empresarios, Acosta dijo que el gran reto es que exista una relación dinámica Estado-Mercado-Sociedad, en busca del buen vivir.

Mara Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara, sin embargo, señaló que el sector privado siente que está fuera de esta participación y que se limita su actividad con distintas leyes.

Contradicciones

Acosta mencionó que en varias leyes hay contradicciones con la Carta Magna. “Creo que al Gobierno la Constitución comienza a resultarle una especie de camisa de fuerza, porque no está aceptando lo que se estableció allí”.

Alrededor de 50 comunicadores ecuatorianos, representantes de universidades y facultades de comunicación, gremios periodísticos y organizaciones y redes de comunicación emprendieron un trabajo colectivo para elaborar un proyecto de ley de comunicación que deberá ser aprobada hasta mediados de octubre próximo, según así lo determina la nueva constitución.

Convocados por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, los comunicadores se reunieron este miércoles 22 de abirl y trabajaron en varias mesas de análisis y discusión sobre las propuestas básicas que tendrían que incluirse en un proyecto de ley orgánico de la comunicación.

El director general de CIESPAL, Dr. Fernando Checa, subrayó que la invitación a este primer encuentro de trabajo no apunta a definir protagonismos frente a la construcción de la ley, sino a ampliar la convocatoria para lograr una participación plural y democrática con todos los actores que puedan aportar para la construcción de la ley.

Durante la jornada, los comunicadores y comunicadoras analizaron los enfoques y principios que deberían caracterizar la nueva ley de comunicación, así como los temas globales que tendrían que incluirse en una propuesta legal.

De igual manera se delinearon varias estrategias políticas, estrategias de comunicación e información, así como acciones de incidencia social y política que tienen que realizarse con los diversos actores políticos y decisores.